Durante el mes de enero de 2018 tuvo lugar la designación de Silvia Morimoto, nueva Representante Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina. Hasta fines de 2017 Morimoto se desempeñaba como Jefa de Planificación y Monitoreo de la Región Asia Pacífico del PNUD y anteriormente como Representante del PNUD en China.
El PNUD tiene por misión brindar apoyo para la formulación e implementación de políticas públicas con perspectivas de desarrollo humano, promoviendo la generación de las capacidades de los países en dónde se encuentra presente. En su reunión de presentación en la Cancillería Argentina, Morimoto valoró la importancia del trabajo conjunto entre el PNUD y Argentina, que cuenta con una de las carteras de proyectos de desarrollo gestionados por PNUD más importantes del mundo.
La relación de coordinación y cooperación entre el PNUD y la Cancillería ha ido creciendo desde 1985, año en que se firmó en Buenos Aires el Acuerdo entre la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicho convenio establece las condiciones básicas en las cuales el PNUD brindará cooperación al Gobierno argentino.
La Cancillería, a través de la Secretaría de Coordinación Internacional y Planificación Exterior (SECCYPE), es el asociado del PNUD en representación del Gobierno. En este sentido, ejerce un rol fundamental en la aprobación de nuevos proyectos, procurando que los mismos contribuyan a las prioridades argentinas de desarrollo acordadas con el Organismo y acompañando su implementación en el país.
Actualmente se ejecutan más de 50 proyectos, tanto en el ámbito de los distintos organismos de la Administración Pública Nacional, como en gobiernos subnacionales (dentro de los cuales se incluyen proyectos en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego y Santiago del Estero).
Los distintos Proyectos son financiados por fondos provenientes del propio Gobierno, préstamos de Organismos Internacionales y/o por donaciones como las del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF) y los Fondos TRAC.
Dentro de los proyectos financiados por donaciones FMAM O GEF se destacan los programas que apuntan a contribuir a la implementación a nivel nacional de distintos protocolos ambientales a los que ha suscripto nuestro País. Entre ellos se encuentran el Protocolo de Nagoya, el Convenio de Minamata sobre el Mercurio y el Protocolo de Montreal en sus distintas fases. Es así como a través del PNUD, se generan las herramientas institucionales para apoyar la implementación y el monitoreo del cumplimiento de los compromisos asumidos en materia ambiental.
Otro eje de gran relevancia lo constituyen los proyectos de desarrollo productivo, dónde se destaca el Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos Locales que busca generar condiciones de crecimiento sostenible de MiPyMEs a nivel nacional y que, hoy en día, cuenta con 173 proyectos abarcando a la mayoría de las Provincias del país. En una línea similar, se desarrolla el Plan Nacional para el fomento de la cultura emprendedora y el desarrollo de nuevas empresas, que apoya nodos productivos y de innovación en todo el país, con un amplio programa de capacitaciones para el fomento del emprendedurismo. Este proyecto recibió durante 2017 apoyo del PNUD y Cancillería a través de fondos TRAC que fueron destinados a insumos de capital de una cooperativa de mujeres.
También se destacan los proyectos en el ámbito de acceso a la salud, apoyo a las oficinas de empleo, y a la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 en la República Argentina.
En todos los proyectos de la cartera, el PNUD aporta la experiencia de buenas prácticas para el diseño y la implementación de programas. Para ello utiliza una metodología de planificación y gestión de proyectos orientada a resultados y con impacto medible. Es decir, procesos administrativos ágiles y transparentes de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas.
La agenda de trabajo acordada entre Cancillería y la señora Morimoto prevé profundizar la diversificación de fuentes de financiamiento para los proyectos, optimizar los mecanismos de evaluación de impacto en relación a las prioridades de desarrollo planteadas por el país y promover una cartera de proyectos cada vez más federal con asociaciones tanto a nivel local como regional.