Desde el 10 de diciembre de 2023, el Gobierno argentino busca instrumentar una política de estado de protección de los derechos humanos basada en el respeto de la libertad, la democracia representativa y el estado de derecho, reconocidos en nuestra Constitución.
En este sentido, la Argentina no acepta que se invoquen la soberanía ni consideraciones de desarrollo como justificación de los Estados para no garantizar la plena vigencia de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. La soberanía no otorga ninguna licencia al Estado para cometer violaciones de derechos humanos dentro de su propio territorio, y no puede usarse como argumento para impedir el escrutinio por parte del sistema universal e interamericano de protección de los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de promover el respeto de los derechos humanos conforme las obligaciones internacionales que han aceptado de manera voluntaria.
Todos los derechos humanos son universales e indivisibles, están relacionados entre sí, son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En consecuencia, deben tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso, conforme la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993. La Argentina sostiene que el individuo es el sujeto central de los derechos humanos. Del mismo modo, la Declaración y el Programa de Acción antes mencionados dejan en claro que la persona humana es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
La Argentina promueve el respeto pleno del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados en los conflictos armados. En ese marco, exhorta a las partes en conflictos armados a asegurar el acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria, la protección del personal y los establecimientos educativos, y promueve la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras.
Los derechos humanos como política del Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina desde la recuperación de la democracia. Con la reforma constitucional de 1994, los más importantes instrumentos internacionales de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional. La promoción y protección de los derechos humanos es transversal a todas las políticas públicas y recoge las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Es por ello que su defensa e impulso constituyen ejes centrales de la política exterior de nuestro país.
El liderazgo argentino a nivel regional e internacional se ve reflejado en numerosas iniciativas, que han contribuido al desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Entre las iniciativas argentinas en el Consejo de Derechos Humanos se pueden mencionar aquellas referidas a Desapariciones Forzadas, Derecho a la Verdad, Justicia transicional, Disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Empresas y Derechos Humanos, Matrimonio precoz, infantil y forzado, Corrupción y derechos humanos, Trata de personas, Fortalecimiento de los fondos de contribuciones voluntarias para el mecanismo del examen periódico universal. Además, en 2024 la Argentina volvió a ser parte de los core group de las resoluciones sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, debido al agravamiento de los derechos humanos en dichos países.
En lo que respecta el sistema universal, la Argentina es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Apoya el mandato, la independencia, el diálogo y la información provista por el sistema universal de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas: Oficina del Alto Comisionado, procedimientos especiales, órganos de tratados, mecanismos internacionales independientes de investigación, Examen Periódico Universal.
A nivel regional, nuestro país apoya el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incorporado a nuestra Constitución Nacional en 1994, el cual ha tenido un rol clave en la protección de los derechos humanos.