La Canciller Susana Malcorra participó el pasado 17 de noviembre en la primera videoconferencia realizada entre autoridades argentinas y el National Security Archive con el propósito de optimizar el proceso de desclasificación que ya había iniciado Estados Unidos y cuya primer entrega tuvo lugar durante la visita del Secretario de Estado John Kerry en agosto pasado. La videoconferencia contó con la presencia de referentes de los principales organismos de derechos humanos argentinos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Memoria Abierta, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), así como con autoridades del Archivo Nacional de la Memoria.
Al finalizar la videoconferencia, la Comisión de Memoria Histórica de la Cancillería aprovechó la oportunidad para entregar a las instituciones presentes nuevos documentos desclasificados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) –recibidos en octubre pasado- a fin de que puedan contar con una fuente tan vital para el cumplimiento de su trabajo.
Además de las iniciativas llevadas a cabo con Estados Unidos y UNESCO, Malcorra dispuso a principios de este año la desclasificación de 648 documentos del Archivo Histórico de la Cancillería referidos a la OEA-ONU, los cuales fueron analizados por la Comisión para la Memoria Histórica. A su vez, el Representante Especial para los Derechos Humanos de la Cancillería, Embajador Leandro Despouy, participó del Coloquio “Archivos de las dictaduras sudamericanas”, celebrado en París en el mes de octubre. Allí, Francia anunció la apertura de archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores relativos a cinco países, entre ellos la Argentina. Al respecto, se firmará con Francia un memorándum de entendimiento para facilitar el proceso de entrega de documentación. En ese mismo sentido, se están llevando a cabo gestiones para obtener documentos procedentes del Vaticano.
En el caso de los documentos desclasificados por otros Estados u organismos internacionales, una vez recibidos en el país, es la Comisión de Memoria Histórica de la Cancillería la que, con la coordinación del Embajador Despouy, se encarga de darles accesibilidad al público en general volcándolos en el sitio de la Cancillería en Internet (http://desclasificacion.cancilleria.gob.ar/).
El acceso público a los archivos es un elemento fundamental para combatir la impunidad, acceder a la verdad y proveer reparaciones. Sobre este tema debe destacarse la reciente sanción de la ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275). Esta nueva norma especifica que las excepciones contenidas en la ley “no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”. Dicha ley establece el marco legal para que otros Estados contribuyan con sus propios archivos al Derecho a la Verdad, con el fin de combatir la impunidad y promover y proteger los derechos humanos.
Todas las acciones mencionadas son el resultado de una política de estado argentina que procura el Derecho a la Verdad, el cual fuera reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por medio de la resolución 9/11 de 2008, promovida oportunamente por la Argentina.
El Derecho a la Verdad consagra el derecho de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, así como de sus familiares y de la sociedad en su conjunto, a conocer la verdad sobre dichas violaciones, las circunstancias en que se cometieron y la identificación de los responsables.
La Cancillería impulsa tanto la cooperación internacional en el ámbito de los Derechos Humanos como el trabajo conjunto con la sociedad civil y otros organismos estatales a fin de consensuar los mejores mecanismos y prácticas de cara a un proceso de desclasificación de archivos que tienda a intensificarse en pos de contribuir con la historia del país.