Hoy, durante tres horas, la delegación argentina expuso sus argumentos ante el pleno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el marco de la demanda que nuestro país presentó ante ese tribunal por el conflicto con Uruguay, debido a la instalación de dos plantas productoras de celulosa en la margen izquierda del río que ambos países comparten.
La presentación Argentina, que se basa en el concepto de “daño inminente” para pedir la suspensión de las obras, comenzó a las 10 de la mañana (hora de La Haya, 5 am hora argentina) con el informe de la Directora de la Consejería Legal de la Cancillería, Dra. Susana Ruiz Cerutti, quien encabeza la delegación; luego continuó la Dra. Romina Picolotti -del Centro de Derechos Humanos y Ambiente- y a su turno le siguieron los cuatro abogados que trabajan junto a la delegación argentina: el jurista británico Philippe Sands, el abogado argentino Marcelo Kohen –radicado en Inglaterra y profesor en la Universidad de Ginebra-, el abogado suizo Laurenc Boison de Chazournes, y el profesor en derecho internacional, el francés Alain Pellet.
Al detallar el caso, Cerutti censuró repetidas veces la "unilateralidad" con la que el vecino país decidió la construcción de las plantas, con la consiguiente violación del tratado bilateral que rige la gestión del Río Uruguay”. Cerutti explicó que el Estatuto de 1975 impone a cada parte la obligación de notificar "previamente" a la otra la ejecución de este tipo de proyectos y de escuchar sus posibles observaciones. "Subrayo la palabra previamente", dijo Cerutti, quien alertó de que "en estos momentos en los que comparecemos ante la Corte, continúa la construcción de las dos fábricas de talla monumental con el objeto de convertirlas en hechos consumados".
El británico Sands insistió en la idea de que el Estatuto establece un "régimen común" para la explotación del río, que obliga a cada una de las partes a "notificar previamente a la otra cualquier proyecto que afecte a la calidad de sus aguas". "Dado que Argentina ha rechazado repetidas veces este proyecto, Uruguay no está legitimado para hacer ninguna obra en absoluto", sostuvo.
"Sólo las medidas cautelares pueden evitar lo irreparable", advirtió a los jueces el francés Alain Pellet. "La construcción ya causa daños y su eventual puesta en marcha agravaría la situación", dijo, y advirtió a los jueces de que la apertura de las fábricas -prevista para mediados 2007, en el caso de la de Botnia, y en 2008, en el de Ence- "llegará antes de que ustedes hayan dictado sentencia, por muy rápido que vayan".
Cómo se llegó hasta aquí
La Argentina y el Uruguay mantienen una controversia por los proyectos de dos plantas industriales de producción de pasta de celulosa, a cargo de las empresas ENCE (española) y Botnia (finlandesa), sobre un recurso compartido entre ambos países como es el Río Uruguay, margen izquierda. Los emprendimientos proyectados prevén producir conjuntamente 1,5 millón de toneladas de celulosa por año (un millón Botnia y medio millón ENCE), constituyendo uno de los complejos más grandes del mundo en la materia. Por alguna razón que no fue comunicada a la Argentina, una planta está al lado de la otra, potenciando así su impacto ambiental sobre el río Uruguay y su ecosistema. En conjunto ambas plantas producirán -a menos de 6 km una de la otra- el doble del total anual de la producción argentina. También están ubicadas a 10 km. de balnearios enormemente concurridos y a 25 km. de una ciudad como Gualeguaychú con más de 70 mil habitantes.
La controversia quedó suscitada cuando el Uruguay violó en tres oportunidades el Estatuto del Río Uruguay de 1975; al autorizar unilateralmente la construcción de las dos plantas proyectadas (ENCE 2003, Botnia 2005) y de una terminal portuaria destinada exclusivamente a uno de los emprendimientos (Puerto de Botnia, julio 2005, ya en tiempos del gobierno del Frente Amplio).
Uruguay ignoró los reiterados requerimientos de información sobre estos emprendimientos que la Argentina le formuló, primero en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) –la entidad binacional responsable de la puesta en práctica del Estatuto- y en el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), constituído a instancia de los Presidentes.
Al encontrarse los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez el 11 de marzo pasado en Santiago de Chile participando de la asunción de Michelle Bachelet, el presidente de Uruguay exhortó públicamente la suspensión por 90 días de la construcción de las plantas proyectadas a fin de poder determinar, de manera objetiva y fehaciente, el impacto acumulado transfronterizo de dichos emprendimientos sobre el ecosistema asociado al Río Uruguay.
Ante la negativa a detener los trabajos de construcción de las plantas proyectadas, la Argentina expresó ante la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Bilbao Vizcaya y el ING Group -entidades que participan en la financiación de las plantas proyectadas- su preocupación porque se solventaran proyectos cuyo impacto ambiental no estaba cabalmente determinado.
La falta de información es tal que el miércoles 12 de abril de este año dos expertos canadienses independientes contratados por el Banco Mundial concluyeron que las empresas ENCE y Botnia "no han proveído suficiente información en el diseño propuesto, procedimiento de información y monitoreo ambiental para las plantas". Esto confirma que existen deficiencias de información, deficiencias que el Gobierno argentino solicitó subsanar reiteradamente. Simultáneamente, el Grupo ING que lideraba el consorcio de bancos que financiaría el proyecto de Botnia, tuvo una reacción favorable al pedido argentino al hacer saber que se retiraba del emprendimiento.
Más declaraciones
Al concluir la presentación argentina ante el tribunal de La Haya, Ruiz Cerutti sostuvo que ésta ha sido “la ocasión en la que debimos exponer los motivos por los cuales la Argentina ha venido a la Corte a pedir las medidas de conservación o, como lo llamamos en términos técnicos, las medidas cautelares, con el fin de proteger los derechos de nuestro país en relación con el Estatuto del Río Uruguay por la construcción de las plantas”. Cerutti aseguró que hay diferentes aspectos por los cuales se ha planteado la medida cautelar. Uno, es la protección de los derechos que tiene la Argentina como ribereña del río Uruguay, convenidos por los dos países hace más de 30 años. Destacó, además, que la construcción de las dos plantas, debido a su tamaño monumental, será un daño irreparable.
Sobre las fundamentaciones expuestas, tanto la funcionaria que encabeza la delegación como la Dra. Romina Picolotti, destacaron que “la Argentina aún hoy no cuenta con las informaciones indispensables para poder saber exactamente la magnitud del daño. “Conocemos los datos de lo que significa una industria de estas características y el volumen de lo que se aspira a producir, pero nos faltan detalles imprescindibles, como por ejemplo las razones de la localización elegida para Botnia y Ence”, dijo Ruiz Cerutti. La falta de esta información quedó en evidencia con los informes realizados por los expertos independientes contratados por el Banco Mundial para la Corporación Financiera Internacional, que manifiestan que aún no se explica el motivo por el cual se eligió este lugar.
La presidenta de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Rosalyn Higgins, que escuchó con mucha atención los alegatos presentados por los representes argentinos, dio a conocer que las medidas de conservación son tratadas, dentro del procedimiento de la Corte, como medidas de urgencia, y gozan de prioridad ante cualquier otro asunto que la Corte tenga en este momento. Si bien no existen plazos, en general la Corte intenta proceder lo más rápido posible cuando se trata de medidas de conservación. Aunque Susana Ruiz Cerutti evitó dar una fecha exacta, aseguró que “escuchando a la la presidenta de la Corte no tengo dudas de que este Tribunal va a tratar de pronunciarse lo antes que pueda”.
Al hacer referencia al argumento que sostienen desde Uruguay, respecto de que la construcción de las plantas no tendría ningún efecto colateral, tanto la doctora Ruiz Cerutti como Picolotti se esforzaron en manifestar que “el Uruguay no puede hablar sólo de este tipo de emprendimientos, pues cuando hay una idea de realizar una obra, según consta en un capítulo del Tratado, existe la obligación de someterse al procedimiento de ese estatuto antes de empezar la construcción”. “El Uruguay no puede decir que ‘esto no contamina y por eso no lo informo’, tiene la obligación de informar, de seguir los procedimientos y de esperar la opinión del otro país”, sentenció Ruiz Cerutti.