La Cancillería argentina lamenta los términos de la “Directiva de Retorno” recientemente aprobada por el Parlamento de la Unión Europea y reafirma que la cuestión migratoria sólo podrá ser resuelta de manera eficaz si es abordada desde el punto de vista del respeto integral de los derechos humanos y el fomento del desarrollo económico y humano.
El gobierno argentino reitera, una vez más, que migrar no es un delito. Por lo tanto, rechaza el uso de conceptos tales como migración “legal” e “ilegal”.
La Cancillería reafirma que establecer restricciones, incluidos largos períodos de detención administrativa e impedir la libre circulación de personas por motivos de origen étnico, religión, ideología, género, edad o calificación constituye una violación de los derechos humanos fundamentales. El respeto de los derechos humanos de los migrantes debe ser independiente de su condición migratoria.
Asimismo, la República Argentina destaca que todos debemos reconocer la reciprocidad y corresponsabilidad históricas del fenómeno migratorio integralmente considerado, para beneficio y enriquecimiento mutuo, sólido y duradero, tanto material como cultural.
En ese sentido, el Gobierno argentino reconoce, a través de la Ley de Migraciones, la plena igualdad de derechos civiles para extranjeros y nacionales establecida por la Constitución Nacional, en particular, lo referido a acceso a bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Asimismo, establece procedimientos de admisión rápidos, sencillos y no discriminatorios.
En el plano regional, la Argentina viene implementando exitosamente el Programa “Patria Grande” que permite regularizar la situación del inmigrante de los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados con un trámite sencillo y rápido que establece como únicos requisitos los criterios de nacionalidad, identidad y falta de antecedentes penales, lo que ha permitido, a la fecha, regularizar su situación a medio millón de inmigrantes.