La Argentina logró, luego de intensas gestiones efectuadas
por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el embajador
Argentino ante las Comunidades Europeas, Jorge Remes Lenicov, y
el vicecanciller, Martín Redrado, que la Comisión
Europea presentara ante el Consejo de la UE – máxima
autoridad de la Unión – una propuesta que extiende
por el plazo de dos años el acceso preferencial al mercado
europeo de importantes productos de exportación argentinos,
en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
De este modo, se logró evitar la exclusión
de sectores de la producción nacional altamente competitivos,
que ingresaban y continuarán ingresando al mercado de la
Unión Europea bajo el esquema del SGP. Ello constituye, en
términos de exportaciones nacionales, montos superiores a
u$s 600 millones anuales.
La Unión Europea había presentado
una propuesta de revisión del SGP, que excluía productos
argentinos tales como hortalizas, frutas y frutos comestibles, grasas,
aceites, ceras, y todo el sector de la pesca. El fundamento de la
propuesta europea se basaba en la fórmula utilizada por la
Comisión, que incluía el promedio del ingreso per
cápita del útlimo trienio.
Sin embargo, dado que las estimaciones utilizadas
no reflejaban el deterioro del de las variables sufrido por nuestro
país en el último año - particularmente, la
caída del PBI -, la Argentina solicitó la postergación
de la aplicación del reglamento sobre el SGP hasta tanto
estén disponibles los datos que reflejen la situación
actual de nuestro país.
“Resulta extremadamente importante asegurar
el acceso de nuestras exportaciones a los mercados externos para
transitar la senda de la recuperación económica de
nuestro país”, señaló el vicecanciller,
Martín Redrado. “Este logro se enmarca en la estrategia
de negociaciones múltiples y simultáneas, que se potencian
entre sí, que hemos desarrollado en la Cancillería,
para lograr la ampliación y apertura de nuevos mercados para
nuestras exportaciones, y de este modo, consolidar un modelo exportador
dinámico”.
La cláusula presentada por la Comisión
Europea beneficia solamente a la Argentina. Por su parte, la Comisión
se mostró complacida por la forma en que el Gobierno Argentino
ha atendido al problema de la renegociación tarifaria de
los servicios públicos, equilibrando la capacidad de pago
de los consumidores y, al mismo tiempo, las necesidades de las empresas,
de modo tal de no menguar la calidad de los servicios que estas
proveen y asegurar la continuidad de sus operaciones en el país.
3 de diciembre de 2002