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Malvinas en Naciones Unidas

En el marco de las Naciones Unidas se conoce como “Cuestión de las Islas Malvinas” a la disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Cuestión ha estado presente en las Naciones Unidas desde los orígenes mismos de esta Organización, cuando en la conferencia de San Francisco la delegación argentina presentó una reserva de derechos según la cual la República Argentina no aceptaba, en ningún caso, que el sistema de Administración Fiduciaria –que supervisaba la administración, con miras a su independencia, de los denominados “territorios no autónomos”- pueda ser aplicado a, o sobre, territorios que le pertenezcan, ya sea que ellos estén sujetos a reclamo o controversia, o estén en posesión de otros Estados.

El 14 de diciembre de 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1514 (XV) “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Ella marcó un hito en el proceso de descolonización impulsado por las Naciones Unidas, proclamando “la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”, y consagrando los dos principios fundamentales que debían guiar el proceso de descolonización: el de libre determinación y el de integridad territorial. En su párrafo sexto, referido al principio de integridad territorial, la resolución 1514 (XV) establece que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, fijando una clara posición respecto de que allí donde estuviera en riesgo la integridad territorial de los Estados, no debe recurrirse a la aplicación de la libre determinación.

En este proceso de descolonización, y en aplicación de la citada resolución 1514 (XV), el 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó la resolución 2065 (XX) –la primera referida exclusivamente a la Cuestión Malvinas-, a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a negociar para encontrar una solución pacífica a la controversia.

La importancia de esta resolución radica en que allí se establecen los elementos esenciales que definen a la Cuestión y –en consecuencia- la forma en que debe ser solucionada. Estos son:

  • Que el caso de las Islas Malvinas es una de las formas de colonialismo al que debe ponerse fin.
  • Que en este caso subyace una disputa de soberanía entre los gobiernos argentino y británico.
  • Que la forma de encontrarle una solución es a través de las negociaciones bilaterales entre ambos gobiernos.

Estas negociaciones deberán tener en cuenta los principios y propósitos de la Carta y de la resolución 1514 (XV), así como los intereses de la población de las islas.

Es importante señalar que la resolución 2065 (XX) indica que en las negociaciones para encontrar una solución a la disputa deben ser tenidos en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, y no sus deseos, excluyendo la aplicación de la libre determinación para este caso en particular.

En los años que siguieron a la adopción de esta resolución se inició un proceso de negociación bilateral respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en los cuales ambas Partes propusieron distintas alternativas de solución que lamentablemente no llegaron a concretarse. En el año 1973 la Asamblea General declaró la necesidad de acelerar las negociaciones en curso, y mediante su resolución 3160 (XXVIII) instó a ambos gobiernos a proseguirlas sin demora.

En forma paralela a las negociaciones sobre el fondo de la Cuestión, se desarrollaron conversaciones especiales sobre aspectos prácticos que permitirían mejorar la calidad de vida de la población de las Islas, demostrando así la Argentina su voluntad de atender a los intereses de los isleños.

Como resultado de esas conversaciones especiales, ambos gobiernos arribaron en 1971 a un acuerdo –bajo fórmula de soberanía- que facilitó la provisión de bienes y servicios a las islas desde el continente. De esta forma se establecieron servicios aéreos y marítimos regulares; comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas; y la Argentina asumió el compromiso de cooperar en los campos de la salud, educacional, agrícola y técnico.

Al propio tiempo, las negociaciones que versaban sobre la cuestión de fondo trataron oficial u oficiosamente distintas fórmulas de solución. Pero a pesar de dichas negociaciones en curso y las acciones argentinas en favor de los intereses de los habitantes de las Islas, el Reino Unido simultáneamente llevaba a cabo actos unilaterales, relacionados con la exploración de los recursos naturales del área en disputa, que fueron protestados por el Gobierno argentino.

Atento a ello, en diciembre de 1976, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva resolución –la número 31/49-, de significativa importancia por su contenido. Allí, la Asamblea General reconoció los esfuerzos realizados por la Argentina para avanzar en el proceso de descolonización, así como las acciones tomadas para promover el bienestar de los isleños, e instó a las dos partes de la disputa a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas estén atravesando por el proceso recomendado por la Asamblea.

El conflicto del Atlántico Sur de 1982, trágico como fue por la pérdida de vidas argentinas y británicas, no alteró la naturaleza de la controversia entre la Argentina y el Reino Unido, ni puso fin a la disputa de soberanía, la cual continuó pendiente de solución. Así lo reconoció la Asamblea General en noviembre de ese mismo año cuando adoptó la resolución 37/9 que pidió a los dos gobiernos reanudar las negociaciones que permitan encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. Ello fue reiterado en las subsiguientes resoluciones de la Asamblea relativas a la Cuestión.

El examen anual de la Cuestión de las Islas Malvinas está radicado en el Comité Especial de Descolonización. En el seno de este Comité, compuesto por 29 países, se discute anualmente la Cuestión Malvinas, adoptando año a año una resolución de similar tenor a las adoptadas por la Asamblea General, solicitando la reanudación de negociaciones sobre soberanía.

Asimismo, en el ámbito de las Naciones Unidas, permanece vigente el mandato que la Asamblea General otorgara a través de la citada resolución 37/9 al Secretario General para que lleve adelante una misión de buenos oficios, y el tema figura, desde el año 2004, en la agenda permanente de la Asamblea, pudiendo ser tratado por ese órgano previa notificación de un Estado miembro.

El llamado de las Naciones Unidas para la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido es compartido por diversos foros multilaterales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), las Cumbres Iberoamericanas, el MERCOSUR, entre otros. Estos foros, de diversa composición y temática, han adoptado pronunciamientos en los cuales se reitera la necesidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. Sin embargo este tema central no ha podido aún ser abordado debido a la negativa del Reino Unido a reanudar las negociaciones al respecto.

El Reino Unido funda su negativa en la pretensión de aplicar el principio de libre determinación como principio rector para resolver este caso especial y particular de descolonización. La libre determinación requiere para su aplicación de la existencia de un sujeto activo capaz de ejercer su derecho a la libre determinación, es decir, de un “pueblo” sujeto a la dominación o explotación extranjera. En el caso de las Islas Malvinas no existe tal sujeto, pues no puede decirse que los habitantes de las islas –que son ciudadanos británicos- hayan estado sujetos alguna vez a dominación de una potencia colonial extranjera. La población de las Islas Malvinas no ha sido reconocida como un “pueblo” en el sentido del derecho internacional, por lo que no corresponde reconocerles la titularidad del derecho a la libre determinación.

Es justamente por ello que ninguna de las más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización ha contemplado alguna vez la aplicación del principio de libre determinación para encontrar una solución a la disputa de soberanía relacionada con la Cuestión Malvinas.