CONLAFT

Hoy miles de empresas y profesionales están obligados por ley a implementar sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El problema es que la mayoría no cuenta con herramientas accesibles ni conocimientos técnicos para cumplir correctamente. Esto genera riesgos legales, operativos y reputacionales. Los principales afectados son bancos, aseguradoras, sociedades de bolsa, inmobiliarias, escribanos, mutuales, cooperativas y estudios contables, entre otros. El listado completo se encuentra estipulado en la Ley N° 25.246. Con los cambios recientes en la normativa, el mercado se amplió notablemente: hay más de 80.000 sujetos obligados en todo el país que necesitan soluciones simples, seguras y eficientes.