La República Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) como un intento de “socavar” los derechos de alguien. Nada más alejado de la realidad. Someter una controversia a un tribunal internacional imparcial es el acto más responsable que puede realizar un Estado. Así es como los Estados comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias: no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente.
El Reino Unido y la Argentina son Estados Partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, ambos aceptaron los procedimientos obligatorios conducentes a decisiones obligatorias previstos en su Parte XV como parte integrante de la Convención. Se trata de una obligación convencional. Una vez más, el recurso argentino al arbitraje no busca “socavar” los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales. Un Estado que pretende hacer suyos los derechos que le confiere la Convención, pero trata sus disposiciones sobre solución de controversias como una afrenta, no está honrando la Convención: está intentando imponer su interpretación —en este caso, infundada— a los demás como una verdad absoluta.
La declaración de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirma que las actividades hidrocarburíferas unilaterales británicas en el área en disputa se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la CONVEMAR”. Si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal. La Argentina ha puesto su caso en manos de árbitros independientes, tal como la Convención la faculta a hacerlo. El Reino Unido, obligado por la misma Convención, tendrá plena oportunidad de demostrar sus afirmaciones ante ellos. La Argentina deposita su plena confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que resolverá el caso con independencia. Serán ellos quienes se pronuncien sobre el fondo de la posición de cada una de las Partes.
La comunidad internacional ha reconocido desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa. La Resolución 31/49 instó a las dos partes a que se abstuvieran de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto. La exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo. La Argentina ha planteado esta cuestión de manera constante por los canales diplomáticos y, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé.
La República Argentina rechaza la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las Islas. El compromiso argentino con el respeto de su modo de vida, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, no está en discusión.
Asimismo, lamentamos la insinuación de que el recurso de la Argentina a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio. La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son Partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias.
Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados.
La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas. Mientras tanto, continuaremos defendiendo nuestros derechos por los únicos medios dignos de una nación comprometida con la paz: el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional.
