Hoy 10 de septiembre de 2024 el Representante Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra, Embajador Carlos Foradori, realizó una intervención conjunta en el Consejo de Derechos Humanos, en la que transmitió la profunda preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua.
El representante argentino realizó esta intervención en nombre del core group de la resolución sobre Nicaragua en el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú.
En su discurso, el Embajador Foradori mencionó los hallazgos de los sucesivos informes de la Oficina del Alto Comisionado que documentan que desde 2018 la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente: violaciones sistemáticas de las garantías básicas del debido proceso; detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, y personas vinculadas a la Iglesia Católica y otros grupos religiosos, incluidos evangélicos; condiciones carcelarias inhumanas; cancelación de la personalidad jurídica de más de 3.200 organizaciones de la sociedad civil en menos de un año; clausura de medios de comunicación; profundización del control sobre el poder judicial y su utilización para implementar una campaña sistémica de represión; por solo mencionar algunas cuestiones.
A esto se suma la deportación de presos políticos, la revocación de su ciudadanía y la confiscación de sus propiedades, que se ha hecho extensiva a otros disidentes, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales y del derecho internacional.
El Embajador Foradori instó nuevamente al gobierno de Nicaragua a poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, a que permita la comunicación y las visitas de abogados y familiares a todas las personas detenidas y a que restablezcan los derechos de las personas privadas de su nacionalidad.
Finalmente, la Argentina instó a Nicaragua a cooperar plenamente y permitir el acceso al país del personal de la Oficina del Alto Comisionado y de otros mecanismos del Consejo de Derechos Humanos, incluido el Grupo de Expertos, para que puedan cumplir debidamente con sus mandatos.
