Agradezco a la Fundación Acción por la Comunidad y al Centro de Estudios Políticos para el Cambio la oportunidad que me brindan de compartir este evento con reconocidas figuras del pensamiento y la política.
Estimados presentes:
Quisiera empezar mi comentario resaltando un hecho evidente. Sabemos que la historia política argentina es generosa en materia de acontecimientos, ofreciendo, incluso, similitudes con las transformaciones experimentadas por otros países de la región.
Así, con las características propias de su particular conformación histórica, económica y demográfica, nuestro país festejó la recuperación de la democracia, erradicó al partido militar del escenario político, presenció el ascenso y la caída del poder de los partidos tradicionales, vio conformar alianzas políticas de signo novedoso, modificó la perspectiva y su consecuente relacionamiento con el sistema-mundo.
Luego, adhirió al apotegma neoliberal de los años '90, sufrió las crueles consecuencias de las políticas de exclusión social y desguace del Estado, presenció la recuperación de la iniciativa popular con la participación asamblearia por afuera de la clase política tradicional y fue testigo de la ausencia de poder y liderazgo político para conducir los destinos de esta reliquia de la modernidad, envuelta en una suerte de sempiterna crisis de identidad, que ha dado en llamarse Estado/Nación.
En el marco de las más recientes transformaciones, la formas adoptadas por la política variaron, experimentando un cambio en el relacionamiento del estado con la sociedad civil, como consecuencia del fortalecimiento de una trama de relaciones sociales intensas ejemplificadas en el auge del trabajo de las ONG´s e instituciones filo-políticas como las organizaciones religiosas, la universidad y otros actores sociales.
Sin embargo, para muchos argentinos, la política se fue convirtiendo en una actividad profesional, un producto de signo corporativo, una labor que -despegada de su objetivo original de ejercer la representación popular- ha virado hacia sí misma deslegitimando la representatividad y generando un estado autista.
Desde la recuperación de la democracia hasta la crisis de 2001, pudimos verificar la existencia de una marcada tendencia al desinterés ciudadano de los actores y la arena políticos clásicos, bajo un fuerte cuestionamiento al rol de socialización y otorgamiento de identidad cívica de las agrupaciones políticas.
Nuevas formas de participación política parecen operar sobre los actores clásicos, bajo el imperio una vertiginosa y peculiar forma de militancia que diversifica y aumenta la demanda social sobre el estado y el sistema de partidos.
Los politólogos más lúcidos han venido advirtiendo de este fenómeno, señalando la paradoja de que mientras el sistema democrático es cada vez más aceptado, aumenta la disconformidad con su calidad y sus limitaciones. Joan Subirats afirma que "los estados nos han quedado pequeños ante los problemas que plantea el mercado global y nos han quedado grandes con relación a los problemas más específicos de la gente".
En esta cita se hace nítida la doble crisis del Estado/Nación y la de las formas clásicas de hacer política y procesar demandas internas y externas. Ese viejo aparato tecnoburocrático que ejercía plena soberanía, desplegaba actos legales y lideraba procesos políticos a partir de una población y de un territorio dados, está siendo presionado por nuevos movimientos sociales desde el interior y por el ascenso de nuevos actores y el cambio del escenario internacional desde afuera de sus límites. El Estado requiere ahora de una soberanía ampliada, con otra matriz de legitimidad, ponderando la integración y la interdependencia internacional y ejerciendo su poder con una noción comunitaria.
Los argentinos sabemos que nombrar es una manera de hacer política. Un conocido ejemplo de operación semántico-política es el curioso hecho que inveterados conservadores lograran ser reconocidos como liberales. Por ello, la disputa por el sentido y el alcance del significado de la democracia resulta vital para los nuestro país.
Esta necesidad de ampliar los límites semánticos y reales de la democracia es consecuencia directa de la crisis de representación operada en nuestro país como resultado de las políticas implementadas en la década de los '90, como clímax de una matriz económica de acumulación especulativa instaurada en 1975, coyuntura que operara como verdadera bisagra histórica del perfil industrial vigente en Argentina desde mediados de siglo, modelo que sirviera a su vez de reemplazo al perfil agroexportador previo adoptado por la economía nacional desde el siglo XIX.
Considerando el titulo de esta convocatoria, me permito insistir sobre las distintas implicancias de los términos usados en política. Subirats, a quien ya mencionáramos, distingue tres conceptos en materia de gobernabilidad, los tres con lógicas distintas: gobierno (en la acepción más clásica, institucionalizada, regulativa), gobernabilidad (en referencia a las capacidades de ejercer gobierno en una situación determinada frente a una eventual sobrecarga de demandas) y gobernanza.
Este último término es la traducción al español del inglés government y refiere a la dinámica de gobierno conjunta entre los actores públicos y los sociales, ante desafíos de orden colectivo, involucrando al conjunto de los sectores en los procesos de decisión y gestión.
Implica también una idea distinta del conflicto, abandonando la noción de negarlo infantilmente bajo un supuesto consenso. ¿o acaso no había un consenso mayoritario sobre los eventuales beneficios de la economía de mercado en la década de los '90?
Por alguna razón, la sociedad compró el falso argumento de que la privatización de servicios públicos, la desregulación y la apertura indiscriminada del mercado interno resultarían beneficiosas para la economía.
El argumento era a todas luces falso, sin embargo operó como un dispositivo anulador del análisis serio de las causas de la debacle nacional. Hubo eslóganes políticos basados en estereotipos ideológicos que impidieron un diagnóstico real y algunos comunicadores sociales contribuyeron a formar el "sentido común" en la creación de la subjetividad popular. Se había logrado la hegemonía, con el consenso activo de los perdedores del sistema, adhiriendo a los postulados del sector más concentrado de la economía.
Fue entonces que algunos actores políticos y sociales contestatarios, que tenían inicialmente un rol totalmente marginal en la vida pública nacional, comenzaron a cuestionar ese paradigma de pensamiento único. La primera acusación fue de nostálgicos. La segunda de inadaptados, conflictivos.
A la luz de lo ocurrido posteriormente, podemos aseverar que el conflicto puede ser así un signo de vitalidad, de desafío al orden de lo dado, de malestar en la cultura, de brecha que no cierra en el discurso oficial.
La molestia marginal se transformó en ruido y el ruido devino escándalo. Lenta, pero decididamente la matriz económica de especulación financiera entró en crisis y con ella, la estrategia comunicacional, esa idea que había logrado sumar a los perdedores y convertirlos en aliados del desguace estatal y el desmantelamiento industrial.
Al estallar el conflicto social y político también se vislumbró algo más profundo: entraba en crisis la falsa identificación de los perjudicados con el modelo neoliberal. Pierre Bordeau, citado en "vidas beligerantes" de Javier Auyero, un brillante análisis sobre la importancia de la protesta política en la Argentina neoliberal, sostiene que la "búsqueda de reconocimiento" es el resorte definitivo de la acción humana. La búsqueda de justificación, legitimación y reconocimiento es un hecho antropológico básico.
El fuerte movimiento popular en Cutral-Có y Plaza Huincul por el cierre de fuentes de trabajo y el inesperado estallido popular conocido como "santiagueñazo" fueron hitos históricos en la lucha popular y muestra de voluntad política inequívoca. Estas historias de insurgencia y desacato al status quo están llenas de matices personales, en una muy particular intersección entre itinerario individual y protesta colectiva, generando una nueva identidad. El dolor de la exclusión, la indignación por la falta de respeto, generaron el reclamo imparable en la búsqueda de la dignidad perdida.
El pueblo sale a la calle a reclamar dignidad y la violencia no es contra las personas sino contra los objetos, las casonas de los dirigentes, las arañas de los palacios de gobierno, las alhajas de las esposas de los dirigentes aburguesados, los símbolos, en fin, de la inequidad y del robo. "vienen a buscar votos y a prometer y, ¿qué pasa después? Después pasa que no hay después. Queremos tener un futuro, queremos tener algo que esperar", repiten los militantes populares. "queremos que nos vean", dicen.
Por eso gritan, para dejar de ser invisibles, para encontrarse, para ganar la calle. Y cambian la puesta en escena y adoptan nuevas máscaras, nuevos roles, nuevas identidades. Es el carnaval, el estallido lúdico, las ganas de volver a ser, la alegría de saberse vivos, de reconstruirse, de recuperar la visibilidad, la dignidad, la vida.
Un brillante estudio de la militancia y la vida cotidiana en los años '70, escrito por Martín Caparrós y Eduardo Anguita tiene una mágica palabra como título: la voluntad. Nada resume mejor el espíritu de aquellos tiempos en el que los mejores de esa generación quisimos tomar el cielo por asalto y cambiar el mundo para siempre.
Con otros códigos, atravesando otros dolores, rehaciéndose de otras derrotas, la militancia política popular que resistió el modelo neoliberal nos recordó el valor de la voluntad, la importancia de un día plantarse ante el poder y la ignominia. El momento decisivo (Sartre dixit) en que negamos radicalmente lo que han hecho de nosotros.
El conflicto fue, finalmente, benéfico. Sacudió la sociedad y le señaló su dramático error. Y el conflicto puede ser benéfico siempre que seamos capaces de descifrar su significado y tengamos lucidez política para contenerlo, gestionarlo, usarlo, retroalimentar la dinámica política y desarrollar una democracia incluyente. Esta noción tiene una doble implicancia. Democracia incluyente en tanto todos los ciudadanos quedan intramuros del bienestar elemental y democracia incluyente toda vez que la voz del otro debe ser tolerada y aceptada como parte del sistema, todo el tiempo.
No como un acto de príncipe, sino con absoluta conciencia de que los márgenes deben ampliarse, que todos deben quedar dentro del barco de la democracia y que la búsqueda del consenso y la homogeneidad social no implica aplanar las diferencias, sino incorporarlas, sumarlas, integrarlas.
Este Gobierno tiene como objetivo la restauración definitiva del control de la vida pública en manos del pueblo, en la forma delegativa y representativa del Estado y las estructuras políticas que la democracia concibe.
Retomar la capacidad de control de los distintos aspectos de la vida nacional resulta clave, como respuesta a la demanda social de liderazgo elevada por la sociedad a partir del desguace del Estado y el abandono de la responsabilidad de la clase política en la crisis de principio de la década.
Estamos enfocados en auspiciar la manera más dinámica de que la demanda creativa de la sociedad fluya articuladamente hacia el proceso de toma de decisiones, de manera tal de ampliar el proceso, brindando información y poder a la gente y reforzando la institucionalidad como garantía de la evolución teleológica hacia una democracia participativa.
Una democracia que invoque no sólo la formalidad cívica sino que refiera también a la necesaria inclusión económico-social. Esta premisa ideológica concibe a la ciudadanía a partir de una combinación necesaria y suficiente de derechos civiles, políticos y sociales.
No hay modo de contraponer libertad política con justicia social, posibilidad de expresión junto a una distribución equitativa del ingreso.
En una reformulación necesaria de los clivajes clásicos de procesos históricos anteriores, podrían así abandonarse los tradicionales tópicos Nación/Imperio y burguesía/proletariado por exclusión/inclusión, pensando a la democracia como la condición necesaria para el despliegue de una ciudadanía madura, en la que la gente tenga condiciones dignas de vida, derecho incuestionable a expresarse y posibilidades reales de incidir en el proceso de toma de decisiones.
Para ello, debemos ser concientes de que las transformaciones estructurales de la economía y la salida de la clase política del autismo suicida no sólo son las mejores soluciones para la defensa de la democracia. Son las únicas.
Muchas gracias.