El Gobierno argentino propuso el 27 de octubre pasado al Gobierno británico la realización de la XXVIII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). La reunión se llevó a cabo el martes 6 de diciembre. Sin embargo, no hubo acuerdo con la Delegación británica para la adopción de la agenda propuesta por la Delegación argentina , orientada a analizar el mandato de la CPAS y la medida en que éste se ve afectado por una prolongada serie de medidas unilaterales británicas.
La Delegación británica estuvo integrada por dos funcionarios de la Embajada británica en Buenos Aires, sin el habitual componente científico.
La Comisión de Pesca fue creada por la Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros firmada por la República Argentina y el Reino Unido el 28 de noviembre de 1990, bajo fórmula de salvaguardia de soberanía.
La CPAS es uno de los entendimientos provisorios existentes entre la Argentina y el Reino Unido, que tienen como fin esencial contribuir a la generación de un ambiente propicio para la reanudación de las negociaciones tendientes a resolver la disputa de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y, los alcanzados en materia pesquera se orientan particularmente a preservar y conservar tales recursos en el área disputada.
El Reino Unido ha adoptado una nueva medida que constituye una forma de disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas. Esta medida se suma, entre muchas otras, al levantamiento unilateral por parte del Reino Unido en diciembre de 1993 de la prohibición total temporaria de pesca en la zona descripta en el Anexo I de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990 y a la extensión de su pretendida jurisdicción a la zona al oeste de la misma. Desde ese momento la Argentina ha reiterado en numerosas oportunidades la necesidad de revisar de manera conjunta aquella medida y su rechazo a dicha extensión. Esta posición argentina, que se ha visto reflejada en los Comunicados Conjuntos de Prensa de la CPAS, no ha sido objeto -hasta el presente- de una respuesta adecuada por parte del Reino Unido.
La Argentina había advertido al Reino Unido en numerosas oportunidades que rechazaría nuevas medidas unilaterales británicas, en particular las que tuvieran por intención disponer a largo plazo de recursos pesqueros que se encuentran sometidos a una disputa de soberanía. También le había advertido que la adopción de una medida de este tipo afectaría gravemente la cooperación en el seno de la CPAS. El rechazo argentino a dicha medida se vio reflejado en el Comunicado de Prensa Conjunto de la XXVII Reunión de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur realizada el 15 de julio de 2005 en Londres. Por otra parte, nuestro país notificó al Reino Unido, los días 3 y 29 de junio, su formal protesta ante la intención de adoptar esta medida. Finalmente, una vez adoptada la medida británica fue rechazada y protestada formalmente por la Argentina el 27 de octubre.
Esta decisión se suma a anteriores medidas unilaterales británicas, oportunamente rechazadas y protestadas por la República Argentina, que resultan incompatibles con los entendimientos bilaterales sobre la cooperación para la conservación de los recursos pesqueros y que no se corresponden con el espíritu de cooperación que debe prevalecer en el seno de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur y que socavan la confianza mutua necesaria en materia de cooperación para la conservación pesquera.
Las medidas unilaterales británicas afectan gravemente la cooperación en el seno de la CPAS. El Gobierno argentino ejercerá las acciones que le ofrece el marco legal aplicable a esta situación para actuar en relación con las empresas que explotan recursos pesqueros en la zona económica exclusiva argentina sin la autorización correspondiente.
La República Argentina continuará realizando los mayores esfuerzos en aras de la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur.
La República Argentina reafirma sus derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que forman parte integrante de su territorio nacional.