Información para la prensa nro. 294/03
El Gobierno argentino firmó hoy la Convención
de las Naciones Unidas contra la corrupción en el marco de la
reunión política de alto nivel que se está desarrollando
en la ciudad de Mérida (México) y que finaliza mañana
11 de diciembre.
La Argentina, que tuvo una activa participación en las negociaciones,
reconoce el valor de poder contar con un instrumento vinculante de carácter
general y universal en materia de lucha contra la corrupción,
que corona los esfuerzos que fueron oportunamente desarrollados en varias
regiones del mundo, como la Convención Interamericana Contra
la Corrupción de 1996, la Convención de la OCDE contra
el soborno transnacional de 1997 y la Convención en Materia Penal
contra la corrupción del Consejo de Europa de 1999, entre otros.
Esta Convención no solo establece pautas en materia de prevención
de la corrupción en el sector público y privado, sino
que además, reconoce el rol de la participación de la
sociedad civil en este tema.
El tratado tipifica una serie de delitos vinculados
al fenómeno de la corrupción y en forma original consagra
por primera vez el principio de la recuperación de activos derivados
de hechos de corrupción, y declara que la restitución
de los mismos - por parte de los países donde los mismos se encuentran-,
constituye un principio fundamental de esta Convención.
Desde otro punto de vista, la convención dispone
la obligación de los Estados de brindarse la más amplia
cooperación y asistencia entre ellos para luchar contra todas
las formas de corrupción, y se incorporó un capítulo
especial para brindar asistencia técnica a los Estados que la
requieran, para poder cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, la convención establece un mecanismo
de aplicación y/o seguimiento en virtud del cual los Estados
parte en este Tratado promoverán actividades, procedimientos
y métodos de trabajo con el fin de alcanzar los objetivos previstos
en la Convención.
De esta manera, las Naciones firmantes han ampliado
el régimen legal internacional para luchar contra los delitos
que trascienden las fronteras, complementando de esta manera la Convención
de Viena de 1988 contra el tráfico de drogas, la Convención
de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional y
sus protocolos contra la trata de personas, el tráfico de migrantes
y el tráfico de armas, tratados que nuestro país también
ha ratificado.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2003